El templo es la casa de Dios. No depende de la titularidad del inmueble, sino de haber sido dedicado al culto, a la piedad y a la religión.
¿Puede un Estado democrático intervenir en el interior de un templo sin afectar al derecho fundamental como es la libertad religiosa? La cuestión se sitúa en torno a la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, sita en el valle de Cuelgamuros, y trata de una cuestión constitucional: hasta dónde puede llegar la actuación legítima del poder público cuando proyecta actuar en un lugar de culto no desacralizado.
Para la Iglesia católica, el templo es la casa de Dios, lugar de su presencia y encuentro con los fieles. Desde el ordenamiento jurídico canónico, esta sacralidad no se limita al altar ni al momento de la celebración litúrgica –la Santa Misa–, sino que se extiende a toda la planta y a los espacios del templo –puerta, atrio, vestíbulo, naves, altar, cúpula, capillas y criptas–. Un espacio sagrado, que no separa lo arquitectónico de lo religioso.
El artículo 16.1 de la Constitución Española protege la libertad religiosa y el culto individual y colectivo, con el derecho de las comunidades religiosas a custodiar sus templos y a garantizar el acceso de los fieles sin intervenciones profanas. Este derecho, se reconoce en el artículo 9.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 10.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos protegen el derecho de toda persona de manifestar sus convicciones religiosas individual y colectiva. De ahí deriva la protección del uso religioso de los templos. En el caso de la Iglesia católica, el artículo I.5 del Acuerdo de 1979 del Estado con la Santa Sede, garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto.
Aplicado al valle de Cuelgamuros, no se trata de la resignificación del exterior de la basílica, propuesta por el Gobierno, sino que sus actuaciones se extienden a los espacios consagrados del templo, con un acceso subordinado al paso que comprende la ocupación del atrio, del vestíbulo y de otros espacios del templo. La actuación compromete la neutralidad del Estado, existiendo alternativas menos gravosas.
En este contexto, se hizo público un documento del 4 de marzo de 2025, que acompaña a dos cartas entre el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El Gobierno lo ha entendido como si fuese un acuerdo para intervenir en el acceso y en el interior de la basílica. Es comprensible que ese documento anexo a las cartas, sacado de contexto, haya generado inquietud entre los fieles y una expectativa en el Gobierno que no se corresponde con su alcance efectivo.
Conviene aclarar que el cardenal Cobo actuó en calidad de interlocutor en un proceso de diálogo, con el legítimo propósito de mediar en la resolución de una controversia que requiere una solución razonable. La firma del anexo no tuvo la finalidad de formalizar un acuerdo ni de avalar la iniciativa del Gobierno «lanzando un concurso de ideas sin contar con la Iglesia». Se inscribió en un contexto de intercambio de cartas y notas, dentro de un proceso de diálogo institucional.
Un hecho significativo para aportar claridad y disipar el desconcierto generado por el mencionado anexo fue el papel desempeñado por el delegado de Liturgia de la Archidiócesis de Madrid. Por indicación expresa del cardenal Cobo y de acuerdo con la comunidad benedictina, el delegado declinó formar parte del jurado de selección de propuestas, -siendo su voto no determinante-, actuando solo como asesor religioso de la Iglesia católica. En su intervención, y conforme al Código de Derecho Canónico, dejó constancia, verbal y por escrito, de lo siguiente:
«El carácter sagrado de la Basílica, cuestión muy sensible entre la comunidad católica, permite no solo actos de culto, sino también los que favorezcan el ejercicio de la piedad y la religión, pero no otros, que, aunque de valor cultural, pedagógico o histórico, desfigurarían y oscurecerían ese carácter. Para celebraciones o actos de carácter profano pueden preverse otros espacios fuera del templo. Sin embargo, salvaguardando el carácter sagrado, sí que es posible autorizar, aunque no de modo habitual, conciertos o conferencias que busquen la promoción humana con una inspiración cristiana (ejemplo: Conciertos por la paz o la reconciliación)».
Por su parte, la comunidad benedictina, en comunión con su Iglesia y con la orden a la que pertenece, y en coherencia con la reciente petición realizada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha manifestado al Gobierno su disposición a sostener un diálogo leal y constructivo para llegar a una solución equilibrada, dentro del marco legal, concordatario y canónico vigente.
En relación con el Valle, no se plantea
una disputa ideológica ni política. Se plantea una cuestión jurídica y cívica
de fondo: cuáles son los límites del poder público cuando proyecta intervenir
en un templo. Formular esta pregunta con rigor y respeto no es un privilegio
confesional, sino una exigencia del Estado de derecho y garantía de convivencia
en una sociedad plural.
Antonio Torres Martínez. Escritor