Hemos llegado a tal
nivel que matar a un feto puede ir
entre el derecho al paro y el fomento de la educación física.
Hace unas semanas el Consejo de Estado votó a favor de un dictamen que pretende incluir el aborto como un derecho en la Constitución dentro del artículo 43, es decir, en un apartado cuya modificación no implica iniciar el proceso de reforma, que exige mayorías amplias y disolución de las Cortes. Para este Gobierno, matar a un feto perfectamente puede ir entre el derecho al paro y el fomento de la educación física.
Durante el año 2024, nacieron en España 318.005 niños y se realizaron 106.172 abortos. Echando un par de cuentas gruesas, casi uno de cada cuatro embarazos no llegó a término y se practicaron 290 abortos por día. En una generación que ha vivido una pandemia, que sabe cómo esquivar un Covid o un resfriado, semejante exterminio es intolerable. ¿En qué momento hemos asumido el aborto como un método anticonceptivo más?
Mi lamento nada tiene que ver con mis convicciones cristianas, sino con la ética, la ciencia y, si me apuras, el Derecho. No entiendo las «leyes de plazos». No entiendo que mañana sea delito lo que hoy no lo es, como si robar en el supermercado o apuñalar al vecino estuviera permitido en los días impares. No entiendo que un aborto sea legal si se hace antes o después en el calendario; de la misma forma que no creo que el debate sobre el aborto sea una cuestión de incluirlo en las primeras páginas de la Constitución o en las últimas. Para quienes pensamos que la vida comienza en el momento mismo de la concepción, todo esto son discusiones bizantinas que nos alejan de la verdad de las cosas: que la vida es un milagro y un derecho que merece la pena defender y preservar.
Cabe recordar que este empeño por hacer del aborto un derecho equiparable al de un subsidio de desempleo nace de un Gobierno podrido. Un Ejecutivo que perdió las elecciones y que juega a reformar la Constitución, es incapaz de juntar 176 votos favorables para su escudo social. Un Gobierno que mal gobierna España con unos Presupuestos que no están validados por las Cortes actuales, sino por las que salieron de los comicios celebrados en noviembre de 2019.
Si el sanchismo hubiese dedicado el mismo
tiempo a la ingeniería civil que a la ingeniería social (la que es indiferente ante
el aborto), nos habríamos ahorrado un carro de muertes en Valencia y Adamuz.
Pero eso es otro tema.
Jorge Sanz Casillas
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